Limitados alcances en emergencias obstétricas: investigadoras   

MÉXICO, DF, 6 de septiembre de 2014.-A cinco años de la puesta en marcha del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de las Emergencias Obstétricas, en el cual participan las tres principales instituciones públicas de salud del país, sus alcances son “limitados”, revela un reporte realizado por investigadoras del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM).

En mayo de 2009 se concretó la firma de dicho convenio con la participación de la Secretaría de Salud federal (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y más recientemente IMSS-Oportunidades, con el objetivo de brindar de manera inmediata y oportuna la atención  médica ante una emergencia obstétrica sin importar afiliación y de manera gratuita para la usuaria.

“Aunque este Convenio ha representado un logro en cuestión de políticas públicas ya que pretende lograr el acceso universal para las mujeres que presenten una situación de urgencia obstétrica, a cinco años de su puesta en marcha sigue siendo una política poco difundida entre la población en general y, por lo tanto, son pocas  las mujeres que  saben que pueden acudir al establecimiento médico más cercano a solicitar atención de una urgencia durante su embarazo y que este servicio les será otorgado de manera gratuita”, advierten Guadalupe Ramírez Rojas y Graciela Freyermuth Enciso, autoras del texto.

A partir de los ejercicios de monitoreo realizados por el OMM se ha evidenciado que el empleo del Convenio es limitado, debido a que las instituciones que participan en el mismo prefieren utilizar los recursos de su propia red  y sólo en casos excepcionales  refieren a las pacientes a otra institución, a pesar de que esto implique demora en la atención de las usuarias debido a traslados que ameritan  un mayor tiempo.

“El uso del Convenio por parte de las usuarias se ha dado en la mayoría de los casos de manera fortuita ya que dadas sus condiciones solicitan la atención, aunque sin saber de la existencia del beneficio del Convenio. También hemos documentado que muchas veces son los propios prestadores de servicios de salud o sus familiares quienes hacen uso del Convenio porque cuentan con la información necesaria”.

Otro de los problemas identificados por las investigadoras es el hecho de que actualmente el Convenio contempla para la emergencia obstétrica 184 intervenciones  para la madre y 75 para el neonato. “Resulta problemática la inclusión de algunos padecimientos no enlistados como emergencia obstétrica que han generado cobros a las usuarias, ocasionando gastos catastróficos”.

Además, pese a la participación de las principales instituciones públicas de salud, no todos los establecimientos para la referencia de casos complicados cuentan con la misma capacidad resolutiva. Actualmente sólo 414 hospitales participan a nivel nacional, con la ausencia de hospitales fundamentales en la atención como el Instituto Nacional de Perinatología y los servicios médicos de Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina-Armada de México o Secretaría de la Defensa Nacional.

El reporte fue difundido en el contexto de la próxima reforma en materia de salud que guiará la conformación del denominado Sistema Nacional de Salud Universal, según fue anunciado por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Ssa, con el propósito de conformar esquemas e intervenciones que atenderán de manera inicial algunos padecimientos seleccionados, considerados como prioritarios, para que los usuarios de los servicios de salud reciban atención médica en distintas instituciones sin importar su afiliación.

A fin de que dicho esquema resulte útil, las investigadoras proponen contar con un padrón universal de la población con las distintas modalidades de afiliación en salud,definir de manera precisa aquellas intervenciones a incluirse, así como  su forma de operación antes de la puesta en marcha, así como difundir la estrategia entre la población potencialmente usuaria para que sea una política que se aplique y cumpla con su cometido.